No repitamos la aritmética macabra de octubre negro

Los jóvenes que hoy le ponen el pecho a las imposturas del gobierno mediante ingeniosos memes y valientes marchas eran niños hace 15 años, cuando una aritmética macabra desalojó del poder a los antecesores de Evo Morales y el MAS.

Ante la arremetida de los movimientos sociales en las calles, algunos ministros y asesores del Presidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada le decían “Jefe, veinte o treinta muertos más y usted termina tranquilo su mandato.” Al mismo tiempo la dirigencia de los movimientos sociales lanzaba obreros y campesinos inocentes a enfrentar la represión gubernamental sin avisarles que su consigna era “veinte o treinta muertos más y el gringo se va para siempre.”

Esta aritmética macabra podría repetirse en las calles a partir del 21 de febrero de este año.

La versión de la policía ante la primera explosión de Oruro el sábado 10 de febrero fue que se trataba del mal manejo de una garrafa de gas. Esta versión probó ser falsa cuando se demostró que las garrafas de gas se parten por el medio sin fragmentarse en esquirlas como si fueran granadas de guerra. En esos momentos de incertidumbre el Presidente Evo Morales adelantó su criterio en sentido de que esa primera explosión pudo haber sido un atentado.

Luego vino la réplica macabra.

A pesar de haber cobrado 8 muertos y medio centenar de heridos, el efecto atemorizador de la primera explosión se diluyó con la versión de que fue un accidente de una garrafa mal manejada en un puesto callejero de comida. Personas interesadas en sembrar pánico en la población lanzaron un segundo atentado a pocos metros y a tres días del primero, esta vez con señales inconfundibles de explosivos que dejaron un saldo de cuatro muertos y casi diez heridos.

Apenas se enteró de la segunda explosión del martes 13 de febrero, un destacado ideólogo del gobierno la atribuyó a un atentado de la ultra derecha. Una campaña encaminada a sembrar pánico en los medios sociales acompañó el segundo atentado. Tal vez gente atraída por el dolor humano o tal vez agentes especializados en propaganda mediática difundieron eventos imaginarios como que había vehículos disparando contra la población en las calles de Oruro.

El 16 de febrero Página Siete informó que la policía arrestó a cuatro familiares de las víctimas con la teoría de que pudo tratarse de un ajuste de cuentas familiar. El sábado 17 de febrero en el programa radial Diálogo en Panamericana el alto personero del gobierno que atribuyó la primera explosión a un atentado de la ultra derecha especuló que pudo haber sido un desajustado mental.

Hasta el envío de este artículo el gobierno mantuvo los detalles de la investigación en total reserva, aumentando el suspenso y alimentando el temor de la población a las reuniones callejeras. No sería sorprendente que sus portavoces adviertan a la población que no se arriesgue a salir a manifestaciones callejeras el 21 de febrero por temor a este tipo de atentados.

Tal como lo demuestran los más de 60 muertos y 400 heridos de octubre del 2003, el uso de vidas humanas para fines políticos no es algo novedoso en nuestro país. No cabe duda que las explosiones de Oruro no fueron accidentales. Si bien pudieron ser fruto de mentes enfermas, también pudieron ser el producto premeditado de agentes encubiertos en busca de objetivos políticos. Sin importar quienes hayan sido los causantes o sus móviles, algunos de los que temen las manifestaciones ciudadanas del 21 de febrero pueden aprovechar estos atentados para darles un giro atemorizador en sentido de que nadie está seguro cuando se une a grupos en las calles.

Las plataformas ciudadanas que organizan el paro del 21 de febrero son totalmente pacíficas. Un instructivo que circula en las redes sociales dice que si ese día los movimientos sociales o los agentes del gobierno los provocan de manera violenta, los y las manifestantes de las plataformas sociales se sentarán en el piso entrelazando sus brazos. En ningún caso responderán a la violencia con su propia violencia, así sea en defensa propia.

Con esta simple doctrina un hombre derrotó a un imperio. Ese hombre inventó el término “fuerza de la verdad.” A pesar de estar en la cúspide de su poder militar y político, el imperio británico no pudo con la fuerza de la verdad que enarboló un abogado idealista llamado Mahatma Gandhi. Lo hizo vestido con un pequeño taparrabo y portando tan solo un par de anteojos redondos. Su método, como el de las plataformas ciudadanas de la Bolivia actual, fue la resistencia pacífica.

Es evidente que los paros y bloqueos que utilizó el MAS para tumbar a la democracia liberal a principios de este siglo fueron en parte pacíficos, pero no dejaron de tener una dosis muy bien calculada de violencia. Ese cálculo tuvo su máxima expresión en 2003, cuando el gobierno y la oposición de entonces acudieron a la aritmética macabra de octubre negro.

Los estrategas del gobierno actual tienen que resolver un dilema atroz. Si se producen muertos y heridos entre los manifestantes pacíficos, saben que aumentarán la resistencia al régimen de una manera incontenible. Eso sería cometer un suicidio político. Y si dejan que los manifestantes del 21 de febrero ganen las calles y paralicen el país, saben que esa bola de nieve puede obstaculizar gravemente su mal cálculo de imponer a la mala la re-postulación de Evo Morales.

Al sentir que las manifestaciones del 21F y el NO+ ponen en peligro sus planes de no dejar jamás el poder, algunos personeros del gobierno o los que lo apoyan podrían optar por fomentar una violencia incontrolable. Podrían hacerlo de manera encubierta alegando los usos y costumbres de los movimientos sociales, o bien atribuyendo la violencia a la oposición tradicional o a su sospechoso preferido, que no es otro que la Embajada Americana.

Cuando Gran Bretaña lanzó un regimiento contra manifestantes desarmados en su colonia de la India, el reloj de la decadencia y eventual caída de su imperio empezó a marcar su inexorable tic-tac. A los estrategas del Estado Plurinacional de Bolivia no les conviene cometer el mismo error.

Por su parte los manifestantes de las plataformas ciudadanas no pueden brindarse en lo más mínimo al juego de la violencia y del racismo. Así sea que los partidarios del régimen los provoquen, tienen que apoyarse exclusivamente en la fuerza de la verdad y confiar en los resultados de la resistencia pacífica.